LAS PUÑETAS DE SUS SEÑORÍAS

“Se miente más alto cuando uno se miente a sí mismo”

– Eric Hoffer

El mes de abril ha sido un constante ir y venir de asuntos judiciales con alta carga emocional que encienden ánimos y dividen a la ciudadanía. Hay dos frentes abiertos, uno en el Tribunal Supremo, máxima autoridad judicial española, y otro en el Tribunal Constitucional, supuesto árbitro incuestionable del fiel cumplimiento de los derechos constitucionales de los españoles.

Vayamos por partes.

Abordo en primer término, las 3 querellas a las cuales se enfrenta el juez Baltasar Garzón, que van desde la supuesta prevaricación por asumir competencias que el Tribunal Supremo no considera suyas, pasando por el asunto Santander para culminar en las supuestas escuchas improcedentes a las conversaciones de imputados del caso Gürtel encarcelados con sus letrados.

Además de la figura de un juez estrella como es considerado Baltasar Garzón, la presencia del partido Falange Española y el sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias como acusación popular en una de las querellas, y el Colegio de Abogados de Madrid en otra, ha alimentado la radicalización de posturas y crispación en las opiniones. Se han disparado los apoyos o rechazos agitando banderas partidistas e ideológicas que ofuscan una visión objetiva de las razones jurídicas de acuerdo a Ley que han dado pie a la posibilidad de emprender tales acciones legales por parte de las acusaciones populares implicadas y su admisión a trámite.

Más allá de los posicionamientos interesados de unos y otros, sin prejuzgar a Garzón ni a favor ni en contra, la ciudadanía debe centrar su atención al contexto jurídico de cada cuestión en cada querella, dejando a un lado las simpatías o antipatías personales hacia el juez y/o las inclinaciones ideológicas individuales/partidistas. Además, para serenar ánimos, es imprescindible aparcar el contenido de cada causa para únicamente observar el proceder de los actores judiciales.

Para centrar el asunto, me he hecho las siguientes preguntas sobre las actuaciones de los jueces en nuestro sistema judicial al analizar hechos estrictamente desde ese ángulo:-

1º Si en 3 décadas, cada vez que un juez aparentemente ha cometido un error, se le ha advertido para que proceda a subsanar el error, ¿por qué en el caso de Garzón, su acción ha merecido ser considerado directamente como prevaricación? Y si en efecto ha prevaricado, ¿también habrán prevaricado otros jueces de la Audiencia Nacional que opinan del mismo modo que Garzón en el célebre caso? ¿Cómo se mide la gravedad de un error para sentar a un juez en el banquillo? Donde hubo negligencia reconocida que indujo la muerte de la niña Mariluz, el juez Tirado sólo ha sido sancionado con una multa de 1.500 Euros. En el caso Egunkaria, el juez del Olmo cerró un periódico perjudicando la vida profesional y personal de sus accionistas y solamente ha sido recriminado en sentencia por el juez Bermúdez que revisó el caso.  En cambio, en este primer caso contra el juez Garzón se está barajando una suspensión de 12 a 20 años de ejercicio de la función pública.

2º Si un juez como Varela ha aplicado un criterio de acuerdo a jurisprudencia por decisiones anteriores del Tribunal Supremo, como pudiera ser la doctrina Botín, ante la decisión de la fiscalía a no acusar ¿es profesionalmente permisible que dicho juez se contradiga ahora en un caso escasamente un par de años después? ¿Puede el juez estar prevaricando al decidir de modo distinto cuando afecta a una personalidad del mundo empresarial a cuando lo hace para juzgar a un miembro de la judicatura a cual pertenecen ambos?

3º Si un juez cualquiera procediera a “aconsejar” a la acusación particular o popular a subsanar sus alegatos antes de abrir juicio oral, como ha hecho estos días el juez Varela, ¿tomaría el CGPJ acciones disciplinarias contra dicho juez por haber violado el criterio de imparcialidad que le obliga, creando posible indefensión para el acusado y perjudicando los derechos de defensa de éste?

Sin ser jurista experto en procedimientos penales como las acusaciones implican, si fuera el acusado, sentiría que mis derechos a defenderme no están recibiendo un trato ecuánime desde el más alto tribunal del país. Me inclinaría a considerar que se ha generado un clima propicio a mi inculpación y hasta una condición de indefensión que haría cualquier juicio en estas condiciones un atropello. Pediría la nulidad por todo lo acontecido. Y sino recibiera amparo, acudiría al Tribunal Europeo de Estrasburgo.

¿Es consciente el Tribunal Supremo, y por ende, el CGPJ, que los titubeos del Juez Varela han puesto en tela de juicio la fiabilidad de los autos y procedimientos judiciales, hasta el punto de hacer menos creíble las sentencias dictadas por el máximo tribunal de justicia de España?

En el segundo caso, tenemos un caso pendiente la friolera de 3 años debatiéndose en el Tribunal Constitucional. Me refiero a los recursos interpuestos contra el denominado Estatut de Catalunya. Vuelvo a insistir en únicamente valorar la profesionalidad de las actuaciones y no entrar en detalles del contenido.

Si un tribunal cuya renovación ha sido impedida por irresponsabilidad política de los partidos que tienen el poder para ello, cae en el impase para poder dictaminar sobre la constitucionalidad de una ley aprobada en un parlamento autonómico, posteriormente en el parlamento del Estado Español y refrendado por la ciudadanía catalana, algo falla en el procedimiento de cumplimiento de sus competencias. Puesto que dicho tribunal no podrá renovarse salvo previo acuerdo de 3/5 del Parlamento Español, me pregunto si los magistrados del Tribunal Constitucional se han planteado la cuestión ética de su continuidad frente al mismo. ¿Es permisible que los 10 magistrados, algunos cuyos mandatos ya han expirado, ignoren el daño que hacen a la credibilidad del sistema judicial y constitucional vigente en España?

Sus señorías y sus puñetas parecen haber rozado el límite de la paciencia de la ciudadanía con sus caprichosas y volubles actuaciones de estas últimas semanas. ¿Hasta dónde el corporativismo o los rencores personales?

Mientras unos se han pasado de focos, otros se han perdido en las marañas de sus propias sentencias, pero peor aún son unos pocos que han despertado una inquietud entre los de a pie, de que en España los que imparten justicia pudieran tener sus puñetas manchadas de parcialidad e injusticia.

Fernando Fuster-Fabra, Madrid